En 2011, el documental “Presunto culpable” recauda 78 millones 126 mil 439 pesos, convoca en cines a un millón 687 mil 763 espectadores, vende 40 mil dvds en tiendas y otras decenas de miles más en piratería. Por primera vez en la historia, el poder judicial solicita la suspensión de una película en circulación, posición revertida casi inmediatamente por la acogida y la aceptación que ya ha suscitado. Su contenido desnuda las estructuras de justicia en México en muy puntuales ejes: el método para encarcelar sospechosos, con pruebas débiles y sin la presencia del juez en la mayoría de casos; los interrogatorios –con creciente e impune crueldad y sin una transcripción objetiva y completa de la declaración- y “la calidad moral” de la policía, institución a la que, de acuerdo a estadísticas, el mexicano le tiene casi absoluta desconfianza. Entre sus recomendaciones está el sustituir “interrogatorios confrontativos” por “entrevistas videograbadas por completo y supervisadas por personal independiente de la policía que verifique el acceso del detenido a agua, comida y descanso y que supervise el funcionamiento del equipo de grabación” (Roberto Hernández y Layda Negrete, Este País, n. 239, marzo de 2011). Seguir esta recomendación sería un avance de facto en la protección de los derechos humanos del detenido. Videograbar no sólo el interrogatorio sino el juicio completo, como además se pide, esclarecería muchísimos casos archivados en la opacidad a costa de vidas, como comprobó “Presunto culpable” al desembocar en la liberación de Antonio Zúñiga. “El juicio retratado nos muestra posiblemente lo que sería el juicio más público en la historia de México”, apuntan los abogados y directores de la cinta.
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